La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación intenta responder a las necesidades y demandas de nuestro sistema de I+D+i. Un sistema que ha debido fajarse dentro del marco normativo en vigor desde 1986. En concreto, desde la aprobación de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (más conocida como Ley de la Ciencia).

Aquella, por qué negarlo, ha llevado a España a ocupar la novena posición internacional en materia de producción científica. De hecho, nuestra comunidad investigadora es hoy seis veces mayor que en 1986.
A ello se suman datos que, en cierto modo, cuestionan el balance innovador de nuestro tejido económico. Sin perdernos en cifras, en 2009 (últimos datos del INE), España invirtió en I+D el 1,38% del PIB, frente al 2,33% de media de los países de la OCDE. Si hablamos de empresas, las españolas gastaron, en términos relativos, menos de la mitad que sus homólogas de países pertenecientes a dicho organismo. En cuanto a solicitud de patentes, otro baremo que configura la actividad innovadora de un territorio, sabido es que España ha venido mostrando una actitud más bien timorata. Por término medio, solicitamos 29 patentes europeas por cada millón de habitantes, frente a las 105 de media en la UE-27; o lo que es lo mismo, patentamos menos de la tercera parte de lo que debiéramos para alcanzar el tren europeo.

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